¿Y si se aplicaran todas las leyes, siempre y a todos? El test de la aplicación perfecta

«La ley es la ley.» «Si no quieres multas, cumple.» «Quien nada debe, nada teme.» Casi todos hemos dicho alguna de estas frases, y la idea que las sostiene parece impecable: si una ley existe, debe aplicarse siempre, a todos y en todos los casos.

Este texto toma esa idea en serio y la lleva hasta el final como experimento mental. La vigilancia automática y la inteligencia artificial están acercando ese experimento a la realidad, así que merece un examen más riguroso que una opinión. La versión anterior de este artículo sostenía que aplicarlo todo traería primero caos y después arbitrariedad. Al someterla a crítica, esa conclusión resultó ser solo parte de la verdad, y una parte mal planteada. Lo que sigue es la reconstrucción.

Resumen

La tesis. La aplicación perfecta no es la ley llevada a su plenitud, sino un cambio de régimen. La ley ordena aplicarse siempre, pero sus sanciones, sus procedimientos y sus mecanismos de corrección se calibraron para un mundo en el que aplicarla era caro y escaso. Esa escasez hacía un trabajo que nadie le había encargado por escrito. Si desaparece, la misma ley escrita produce otro sistema.

El resultado. Subir la detección funciona muy bien contra la conducta deliberada, y quien la defiende tiene razón en eso. Pero deja un residuo que ninguna disuasión elimina, y ante ese residuo aparece un trilema: no se puede tener a la vez que toda infracción tenga consecuencia, que toda consecuencia pueda discutirse y que los recursos sean finitos. Quien renuncia a lo primero obtiene selección; a lo segundo, injusticia automática; a lo tercero, colapso. El peligro principal no es el caos ruidoso, sino una injusticia silenciosa y un archivo que da poder sobre cualquiera.

La propuesta. Una regla de conservación de la severidad: cuanto más completa sea la detección, más leve debe ser la consecuencia por defecto; cuanto más grave la consecuencia, más humano el proceso; y lo que se detecta y no se usa debe olvidarse. Se añade un test de seis criterios para saber qué leyes pueden pasar a un régimen de alta detección.

Las figuras son interactivas. Salvo donde se indica una fuente, son simulaciones ilustrativas: enseñan un mecanismo, no miden el mundo.

Índice

1. Definir el experimento

Qué significa «aplicar»

La frase «aplicar todas las leyes» parece clara hasta que se intenta programar. Mezcla al menos cuatro magnitudes que pueden variar por separado:

  • Detección: qué parte de las infracciones se llega a conocer.
  • Sanción: qué parte de las detectadas recibe una consecuencia.
  • Rigidez: cuánto se mira el caso concreto al decidir.
  • Revisión: cuánto puede discutirse el resultado.

Casi toda la confusión del debate viene de saltar de una a otra sin avisar. Un sistema puede llegar a todos los casos y aplicar equidad en cada uno, o llegar a pocos y ser implacable. Los ejemplos habituales tampoco miden lo mismo: unos prueban error, otros rigidez, otros indeterminación. Y hay una distinción de la que depende todo lo demás: detectar todo y sancionar poco es un mundo muy distinto de detectar todo y sancionarlo todo.

Figura 1

Aplicar no es una magnitud: son al menos dos

Cruzar detección y sanción da cuatro regímenes. El experimento mental vive arriba a la derecha. El más peligroso, abajo a la derecha, no aparece casi nunca en el debate.

Qué leyes entran

Tampoco «todas las leyes» significa lo que parece. Hart distinguió las normas que imponen deberes de las que confieren poderes, como las que regulan un contrato o un testamento, que no se «aplican» a nadie por sorpresa. Esta tesis se limita a las normas de conducta respaldadas por una sanción pública.

Dentro de ese ámbito aparece una paradoja que el defensor de la aplicación total rara vez contempla. «Todas las leyes» incluye las que limitan al aplicador: la protección de datos, la inviolabilidad del domicilio, la presunción de inocencia y la prescripción. Aplicadas con el mismo rigor, recortan la detección. El reglamento europeo de protección de datos limita las decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado (RGPD, art. 22). Por tanto, la aplicación literalmente total se contradice: no se puede aplicar a la vez cada norma de conducta y cada norma que protege de su aplicación.

Una posición que no es absurda

El derecho español no apoya la idea cómoda de que las leyes están hechas para aplicarse «a veces». Formalmente dice lo contrario en lo penal. El Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercitar las acciones penales que considere procedentes (LECrim, art. 105), y la autoridad que deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos comete un delito (Código Penal, art. 408). La versión anterior de este artículo decía que las leyes «se escribieron para aplicarse a veces». Era falso como afirmación sobre su texto.

Lo correcto es otra cosa. La ley ordena la totalidad, pero la realidad presupuestaria y la calibración de sus sanciones presuponen lo contrario. George Stigler lo formuló en 1970: la sociedad debe renunciar a la aplicación completa, porque aplicar cuesta (Stigler, 1970). Esa brecha entre el mandato y su calibración es el objeto real de esta tesis.

2. Lo que acierta la aplicación estricta

Quien defiende aplicar la ley con rigor tiene más razón de la que suelen concederle sus críticos.

La igualdad. Una ley que cae sobre el débil y perdona al poderoso es una injusticia. Y la indulgencia es la forma más opaca de poder: la decisión de no actuar apenas deja rastro ni se revisa. Joseph Goldstein lo señaló en 1960 al hablar de las decisiones policiales de baja visibilidad (Goldstein, 1960). Un registro automático, en cambio, se puede auditar.

La disuasión. La probabilidad de ser atrapado pesa mucho más que la dureza de la pena (National Institute of Justice). Y funciona. La revisión Cochrane sobre radares encontró, cerca de las cámaras, reducciones de entre el 11 % y el 44 % en accidentes mortales o con heridos graves (Wilson et al., 2010).

La evidencia fiscal. Según el IRS, el error o fraude neto en Estados Unidos es del 1 % en las rentas con retención y declaración por terceros, y del 55 % en las rentas con poca o ninguna información de terceros (IRS). Que te vean cambia lo que haces.

La presión sobre las malas leyes. Ulysses S. Grant dijo en 1869 que no conocía método tan eficaz para derogar leyes malas como aplicarlas con rigor (Grant, 1869). Es el mejor argumento de esta posición: la aplicación universal hace visible un coste que hoy se reparte en silencio, y así obliga a la política a responder.

Cualquier crítica seria tiene que explicar por qué, con todo esto, la conclusión no es «más aplicación, siempre». Las secciones siguientes lo intentan en ocho hipótesis.

3. H1. El incumplimiento es masivo, pero desigual

Hipótesis. Con suficiente exposición y detalle normativo, incluso quien casi siempre cumple acaba en falta.

La aritmética es implacable. Si alguien realiza diez actos regulados al día y cumple en el 99,9 % de ellos, la probabilidad de que pase un año sin una sola infracción es del 2,6 %.

Figura 2 · H1

Cumplir casi siempre no basta para no incumplir nunca

Cada punto es una persona. La probabilidad de un expediente limpio es el cumplimiento elevado al número de actos. Modelo ilustrativo que supone errores independientes.

En el tráfico hay datos. La DGT estima que, circulando con flujo libre, en torno al 60 % de los vehículos supera el límite en carretera convencional y algo menos del 40 % en autovía (DGT, 2026). No hablamos de una minoría antisocial.

Dos correcciones limitan la hipótesis. La primera: la evidencia es buena en ámbitos de alta exposición, como el tráfico o la fiscalidad, y mucho peor en otros. Afirmar que «casi todo el mundo» incumple en toda materia es una extrapolación. La segunda es más importante. La versión anterior suponía que cada falta acabaría en sanción, y eso olvida que el derecho ya contiene filtros. En lo administrativo solo se sanciona a quien responde a título de dolo o culpa (Ley 40/2015, art. 28). En lo tributario no hay sanción si se puso la diligencia necesaria, por ejemplo con una interpretación razonable de la norma (Ley General Tributaria, art. 179.2.d).

El experimento mental, por tanto, tiene que elegir. O aplica la letra sin esos filtros, y entonces no aplica «la ley», o los conserva, y entonces hay que decidir caso por caso si hubo culpa. Y decidir es justo lo que no escala.

4. H2. Aplicar exige decidir

Hipótesis. Una parte de cada norma queda sin determinar hasta que alguien la aplica, y automatizar no elimina esa decisión: la traslada a quien programa.

Hart llamó a esto la textura abierta del derecho: las palabras tienen un núcleo claro y una zona de penumbra (Hart, 1961). Frederick Schauer añadió que las reglas son generalizaciones atrincheradas, condenadas a abarcar demasiado o demasiado poco (Schauer, 1991). Ninguna redacción arregla esto del todo.

Lo sorprendente es que ocurra incluso en la norma más simple. Unos investigadores registraron la velocidad real de un coche durante una hora y pidieron a 52 programadores que automatizaran por separado el límite de velocidad. Con los mismos datos y la misma norma, sus programas emitieron desde ninguna multa hasta una por cada lectura por encima del límite (Shay et al., 2016). Había además un detalle revelador: en las cuestas, el coche superaba el límite con el control de crucero fijado justo en él (Practical Ethics).

Figura 3 · H2

El mismo trayecto, la misma ley, otro número de multas

Trayecto simulado, no los datos del estudio. Con el ajuste literal hay 266 multas. Contar por tramos deja 21, y un margen de 7 km/h con 30 segundos de gracia, ninguna. El texto de la norma no elige entre ellas.

Hay que ser justo con este experimento. Los programadores no tenían formación jurídica, y un subgrupo que recibió una especificación revisada legalmente se desvió menos. Es un punto a favor de quien pide reglas estrictas: precisar ayuda. Lo que no consigue es llevar la desviación a cero. La conclusión correcta es que queda una indeterminación residual, y que alguien la resuelve siempre. La pregunta es si lo hace un legislador en público o un programador sin que nadie lo vea.

La huelga de celo, que aparecía en la versión anterior como prueba del caos, no demuestra eso. Allí nadie infringe y aquí casi todos, así que son mundos opuestos. Lo que sí muestra es otra cosa: el Real Decreto-ley 17/1977 incluye estas huelgas entre los actos «ilícitos o abusivos» (BOE), y James C. Scott recogió la misma idea: cualquier organización depende de prácticas que sus reglamentos no describen (Scott, 1998). Las normas presuponen buena fe e interpretación. No se cumplen solas.

5. H3. Las sanciones se calibraron para la escasez

Hipótesis. Subir la detección sin cambiar las sanciones es una subida de penas que nadie ha votado.

Esta es probablemente la idea más importante que faltaba en la versión anterior. La economía del derecho la tiene desde Gary Becker: lo que disuade es la sanción esperada, el producto de la probabilidad por la cuantía (Becker, 1968; Polinsky y Shavell, 2000). Si una multa de 200 euros se aplica una vez de cada cien, su sanción esperada es de 2 euros. Si se aplica siempre, es de 200. La ley no ha cambiado ni una coma y el sistema es cien veces más severo.

Figura 4 · H3

La misma multa, cien veces más severa

La sanción esperada es la probabilidad por la cuantía. El dato de partida, un 1 % de detección, es ilustrativo. La última cifra indica la multa que mantendría la severidad actual.

De aquí sale una objeción seria a mi versión anterior, que ponía el problema siempre en la regla. Un economista respondería que muchas veces la regla está bien y lo que hay que cambiar es la cuantía. Tiene razón. Hartzog y sus coautores defienden algo próximo: muchas leyes se redactaron presuponiendo indulgencia (Hartzog et al., 2015).

Reescalar tiene dos límites. No todo castigo es divisible: los puntos del carné, los antecedentes y el despido no se pueden dividir entre cien. Y una multa fija pesa de forma muy distinta según la renta, de modo que a certeza total se vuelve regresiva. El derecho penal español ya conoce la solución parcial, el sistema de días-multa, con una cuota ligada a la situación económica (Código Penal, art. 50). La aplicación total exigiría llevarla mucho más lejos.

6. H4. La gente se adapta

Hipótesis. La aplicación total reduce mucho las infracciones deliberadas, pero deja un residuo que ninguna disuasión elimina. Todo el problema está en ese residuo.

Aquí estaba el error más grave de la versión anterior. Concedía que la certeza disuade y a continuación calculaba las multas como si nadie cambiara de conducta. Es una foto del primer día. El experimento debe mirar el equilibrio, y en el equilibrio la mayoría de la gente habría aprendido.

Hay que separar dos tipos de infracción. Las disuadibles responden a la probabilidad de ser visto: el móvil al volante, ocultar una renta. Las residuales no: el error, el desconocimiento de una norma que nadie puede conocer, la imprecisión del instrumento, la necesidad, las normas incompatibles entre sí. Nadie deja de equivocarse porque le vigilen.

Figura 5 · H4

Lo que queda cuando la disuasión ha hecho todo su trabajo

Modelo ilustrativo. El tamaño del residuo se desconoce y depende de cada materia. Es la variable empírica de la que depende casi toda esta tesis.

La certeza tampoco es magia. El programa HOPE de Hawái, con sanciones rápidas, seguras y leves, redujo las detenciones del 47 % al 21 % en su ensayo original (Hawken y Kleiman, 2009). Pero la réplica en cuatro sitios, con más de 1.500 personas, no encontró diferencias en detenciones, salvo en delitos de drogas en un sitio (Lattimore et al., 2016). Y en violencia doméstica, el experimento de Milwaukee observó que la detención tenía efectos distintos según el perfil, y que entre los desempleados el efecto podía ir a peor (Sherman et al., 1992). El propio Sherman teorizó el mecanismo: la sanción que se percibe como injusta genera desafío, no obediencia (Sherman, 1993).

La conclusión es que quien defiende la aplicación estricta acierta en la parte disuadible y se equivoca en la residual. De ahí sale el primer criterio de todo el análisis: para una ley con residuo pequeño, subir la detección es casi todo ventaja. Para una con residuo grande, subirla castiga a quien actúa con diligencia.

7. H5. El trilema de la aplicación total

Hipótesis. Sobre el residuo no se pueden conservar a la vez tres cosas: que toda infracción tenga consecuencia, que toda consecuencia se pueda discutir y que los recursos sean finitos.

Esta formulación sustituye a la secuencia «primero caos, después arbitrariedad», que tenía un fallo lógico. Si se supone que todo se aplica, no se puede concluir que alguien elige, porque elegir niega el supuesto. Lo que hay son tres salidas alternativas.

Figura 6 · H5

Tres propiedades deseables; solo caben dos

Elige la propiedad a la que renuncias. Cada renuncia produce un régimen distinto y tiene ejemplos reales.

Renunciar a los límites: el colapso

Si se quiere completitud con garantías, la cuenta sale mal. España tenía 28.142.469 conductores con permiso vigente al cierre de 2024 (Vozpópuli, con datos de la DGT), y la DGT formuló 6,1 millones de denuncias en 2025 (Xataka). Una multa al año por conductor serían 28 millones. La jurisdicción contencioso-administrativa recibió 198.961 asuntos en 2025 y resolvió 212.680 (CGPJ).

Figura 7 · H5

Cuánto tarda en romperse la vía de recurso

Asuntos totales y resueltos, del CGPJ para 2025. La tasa de recurso es un supuesto: no conozco una cifra pública fiable, y el descuento por pronto pago la reduce mucho. Mueve el segundo control para ver cuánto depende de ella.

Con un 1 % de recursos habría unos 281.000 pleitos nuevos al año, y en cinco años la cola superaría el millón y medio de asuntos. Con un 0,1 % serían 28.000, alrededor del 14 % de la entrada actual: una carga notable, no un colapso. La versión anterior presentaba solo el primer número. La conclusión honesta es condicional: el colapso solo llega si discutir es fácil. Y ahí está la trampa, porque hoy no suele serlo.

Renunciar a la discusión: la injusticia automática

Esta es la salida más probable y la que peor describía la versión anterior. Allí, MiDAS y el caso neerlandés aparecían como ejemplos de caos, cuando esos sistemas funcionaron con una fluidez terrible. El problema no fue el atasco. Fue que no había atasco.

En Míchigan, una revisión encontró que, de 40.195 casos de fraude en el desempleo resueltos solo por el algoritmo, el 85 % fueron determinaciones incorrectas (IEEE Spectrum). En Australia, el sistema Robodebt generó al menos 1.763 millones de dólares australianos en deudas contra unas 433.000 personas (The Mandarin), y acabó en una comisión real. En los Países Bajos, la sala de lo contencioso del Consejo de Estado mantuvo hasta octubre de 2019 una línea de «todo o nada»: quien no podía justificar una pequeña parte del anticipo debía devolverlo entero (Advocatie). El Gobierno de Mark Rutte dimitió por el escándalo en enero de 2021 (IamExpat).

Ese último caso es sobre todo un ejemplo de rigidez, no de cobertura. Y tiene un matiz importante: el tribunal cambió su línea sin que cambiara la ley (Consejo de Estado neerlandés). No era la norma la que obligaba, sino una interpretación estricta. Quien pide «la ley y punto» también está eligiendo una interpretación.

¿Por qué no hay atasco? Porque casi nadie pelea. Pamela Herd y Donald Moynihan han documentado que las cargas administrativas caen sobre todo en quien tiene menos recursos para soportarlas (Herd y Moynihan, 2018). Pagar suele costar menos que recurrir. El sistema interpreta el silencio como acierto.

La escala añade un problema matemático, y aquí la hipótesis H4 se vuelve contra sí misma. Supón un sistema que acierta en el 95 % de los infractores y que se equivoca con uno de cada mil inocentes. Si infringe el 1 % de los actos, de cada 100 acusados unos 9 son inocentes. Pero si la disuasión funciona y solo infringe uno de cada mil, más de la mitad de los acusados son inocentes.

Figura 8 · H5

Cuanto mejor disuade el sistema, peor acierta

Fórmula de Bayes con una sensibilidad del 95 %. Con cumplimiento alto, la mayoría de las alarmas pueden ser falsas aunque el detector sea excelente. Parámetros ilustrativos.

Es una consecuencia que no había visto en ninguna de las fuentes y que me parece central: el éxito de la disuasión degrada la fiabilidad de la acusación. Un sistema de alta detección necesita más revisión a medida que funciona mejor, no menos.

No debo exagerar. La comparación honesta es con el error humano, que también existe y no siempre se mide. Y los falsos negativos también dañan: la víctima desprotegida es un coste real. La objeción no es contra automatizar, sino contra automatizar sin revisión.

Renunciar a la completitud: la selección

La tercera salida es el mundo en el que ya vivimos. Con garantías y recursos finitos, solo se persigue una parte. Michael Lipsky mostró que los funcionarios de primera línea hacen política de hecho con esa elección (Lipsky, 1980).

La versión anterior cometía aquí otro error: trataba selección y arbitrariedad como sinónimos. No lo son. La escasez implica selección, pero un sorteo público o un orden de gravedad publicado son selección sin arbitrariedad. La arbitrariedad necesita tres ingredientes más: criterio oculto, decisión irrevisable y posibilidad de motivo impropio. Kenneth Culp Davis propuso hace más de medio siglo qué hacer con la discreción: confinarla, estructurarla y controlarla (Davis, 1969).

Figura 9 · H5

Todos han incumplido. ¿A quién se sanciona?

Cien personas con la misma infracción y capacidad para tramitar unas pocas. El incumplimiento no cambia entre reglas; solo cambia quién paga. Simulación ilustrativa.

8. H6. El archivo

Hipótesis. El régimen más peligroso no es sancionarlo todo, sino verlo todo y sancionar poco. Con eso basta para crear poder sobre cualquiera.

Muchas de las predicciones de la versión anterior se referían en realidad a este régimen, no al de la aplicación universal. Cuando casi todos tienen una infracción registrada, la pregunta deja de ser quién incumplió. Pasa a ser a quién conviene perseguir.

Philip Pettit explica por qué esto importa aunque nadie sea sancionado: se puede carecer de libertad sin sufrir ninguna interferencia, si otro tiene la capacidad de interferir a su arbitrio. El amo amable sigue siendo amo (Pettit, 1997). Por eso la frase central de la versión anterior necesita una aclaración.

Hasta ahora hemos sido libres, en parte, porque el poder no podía vernos. Eso no se arregla con leyes mejores. Una ley perfecta bajo vigilancia total sigue dejando el archivo intacto, disponible para quien venga después.

Lo que cambia la tecnología no es la existencia de ese abuso. Un acta soviética de junio de 1940 lo documenta sin ninguna máquina: cuando el ministro de Exteriores lituano objetó que no existía base legal para procesar a dos funcionarios, Viacheslav Mólotov respondió que primero había que detenerlos y que «ya se encontrarían los artículos» (Academia de Ciencias de Rusia). Lo que cambia es el coste marginal. Antes había que dedicar personas a investigar a alguien para encontrarle algo. Con un archivo total, basta una consulta.

La defensa es débil por dos razones. La primera es jurídica. La Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos (Constitución, art. 9.3), pero el Tribunal Constitucional ha reiterado que no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad (Tribunal Constitucional). Demostrar que a los demás no los sancionan no suele salvarte, y probar una desviación de poder exige conocer un criterio que no verás.

La segunda razón es que el archivo no es neutral: registra mejor lo barato de ver. James C. Scott llamó legibilidad a lo que un Estado necesita para actuar sobre una población (Scott, 1998), y Virginia Eubanks documentó cómo los sistemas automatizados perfilan y castigan sobre todo a los pobres (Eubanks, 2018). El dato del IRS se puede leer también en este sentido: el asalariado con retención casi no puede incumplir; quien tiene renta sin información de terceros, sí. La aplicación perfecta no llega a todos a la vez. Llega primero a quien ya era visible. Así, la tesis del defensor de la igualdad se invierte: subir la detección sin simetría aumenta la desigualdad ante la ley.

El derecho sí tiene un antídoto antiguo, y es la prescripción. El Estatuto de los Trabajadores hace prescribir las faltas muy graves a los sesenta días desde que la empresa las conoce y, en todo caso, a los seis meses (Estatuto de los Trabajadores, art. 60). La versión anterior hablaba de un despido «permanentemente precargado», y esa norma lo desmiente en buena parte. Pero sugiere la solución general: el olvido es una garantía. La prescripción fue el modo en que el derecho impidió el archivo cuando el archivo era de papel.

9. H7. Cautela excesiva y el dilema del margen

Hipótesis. Con alta detección, la gente no solo deja de infringir: también abandona conducta lícita cercana a la línea. Y publicar un margen no elimina el problema, lo desplaza.

Craswell y Calfee mostraron que la incertidumbre sobre el estándar legal puede producir exceso de cumplimiento, porque tomar más precauciones reduce la probabilidad de ser declarado responsable (Calfee y Craswell, 1985). Si la regla es vaga y la detección total, el sitio seguro está lejos de la línea. Jonathon Penney observó algo parecido en otro terreno: las visitas a artículos de Wikipedia sobre terrorismo cayeron entre un 20 % y un 30 %, según la especificación, tras las revelaciones de Snowden (Penney, 2016). Nadie había prohibido leerlos.

La versión anterior proponía publicar los márgenes como solución limpia. No lo es. Un margen público se convierte en el nuevo límite. En las autopistas alemanas, Traxler y sus coautores encontraron acumulación de conductores justo por debajo de los umbrales en los que sube la sanción (Traxler et al., 2018). Y Meir Dan-Cohen formuló la objeción más fina: el derecho puede funcionar precisamente porque la regla que oye el ciudadano y la que aplica el juez son distintas. Es lo que llamó separación acústica (Dan-Cohen, 1984). Publicar la tolerancia destruye esa separación.

Figura 10 · H7

Dónde se coloca la gente respecto a la línea

La curva gris es el punto de partida. Con regla clara la gente se pega a la línea; con regla vaga huye de ella; con margen público se pega al margen. Curvas ilustrativas.

Mi respuesta es que la separación acústica depende de la escasez. Funciona mientras las decisiones son pocas y poco visibles. Con alta detección y millones de resoluciones, la regla real se puede inferir por experiencia, y la inferirá primero quien tenga asesores. La elección ya no es entre margen oculto y margen público, sino entre un margen conocido por todos y otro conocido solo por los sofisticados. El coste de la acumulación junto al umbral es real, pero se puede fijar el umbral en consecuencia y graduar la sanción. Louis Kaplow ofrece el criterio general: las reglas cuestan más de crear y los estándares más de aplicar (Kaplow, 1992). La alta detección multiplica las aplicaciones, así que empuja hacia reglas precisas.

10. H8. La ley necesita poder equivocarse

Hipótesis. La aplicación perfecta congela el derecho, porque una parte de su corrección depende de que algunas personas puedan incumplirlo.

Esta es la consecuencia más olvidada. Muchas reformas no nacen en el parlamento, sino de un incumplimiento que se vuelve imposible de ignorar. En Lawrence v. Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo en cuenta que las leyes contra la sodomía estaban en retroceso y mostraban un patrón de no aplicación (Lawrence v. Texas, 2003). En España, la insumisión pasó de unos centenares de jóvenes a finales de los ochenta a varios miles en los noventa, según sus propios organizadores, antes de que el servicio militar se suspendiera con efectos del 31 de diciembre de 2001 (Real Decreto 247/2001). No fue la única causa, pero formó parte del proceso.

Mark Granovetter explicó el mecanismo general: muchas conductas colectivas dependen de umbrales, y cada persona actúa solo si ya lo han hecho otras (Granovetter, 1978). Si los primeros son eliminados uno a uno, los siguientes nunca llegan a actuar.

Figura 11 · H8

Una cascada necesita que sobrevivan los primeros

Modelo de umbrales ilustrativo. Con detección baja, la desobediencia se propaga y fuerza la reforma. Por encima de cierto punto, no llega nunca al umbral. El modelo no distingue entre causas justas e injustas.

Esta hipótesis tiene una versión extrema. Michael Rich llamó estructuras de imposibilidad a los diseños que no castigan la infracción, sino que la impiden (Rich, 2013), y Jonathan Zittrain advirtió de lo que se pierde con la aplicación perfecta en entornos digitales (Zittrain, 2008). Un limitador de velocidad o un software que no permite una factura incorrecta no sanciona a nadie, lo que resuelve el trilema, pero elimina también la opción de incumplir por una buena razón.

¿Y Grant, que sostenía que aplicar una mala ley es la mejor manera de derogarla? Tiene razón en un caso. La aplicación fuerza la reforma cuando el coste recae sobre una mayoría o sobre quien tiene poder. Si cae sobre una minoría, la mayoría no siente nada y la ley sobrevive. Las dos intuiciones se reconcilian con un mismo dato: importa quién soporta la carga. Por eso la simetría no es un detalle, sino la condición para que la aplicación estricta sea autocorrectora.

11. Objeciones

«Si no quieres discreción, defiende reglas.» De acuerdo en parte. Esta tesis prefiere reglas precisas a medida que sube la detección. Pero Schauer muestra que el exceso y el defecto de alcance no desaparecen, y por eso siempre quedará una decisión final.

«La IA mejorará y el error desaparecerá.» El error de medida puede bajar. La indeterminación de H2 y el residuo de H4 no son errores de medida. Además, la figura 8 muestra que la fiabilidad depende también de la tasa real de infracción, que cae cuando el sistema funciona.

«Una persona en el bucle lo resuelve.» Solo si revisar es real. Danielle Citron advirtió hace casi veinte años de la tendencia a confiar en lo que dice la máquina (Citron, 2008). Un humano que firma miles de resoluciones al día es una coartada, no una garantía.

«Una máquina imparcial sería más legítima.» Puede ser. Tyler mostró que la legitimidad influye en el cumplimiento con independencia del miedo (Tyler, 1990), y Paternoster y sus coautores que quien se siente tratado con justicia reincide menos (Paternoster et al., 1997). Pero esos trabajos hablan de procedimientos justos, no de buenos resultados. No sabemos si la gente percibirá como justa una decisión automática. La encuesta de la OCDE apunta a una reserva: menos personas confían en que los gobiernos garanticen las salvaguardas adecuadas al usar IA (OCDE). La pregunta sigue abierta.

«Menos leyes significa menos protección.» Tiene razón, y corrige otro error de mi versión anterior, que pedía «menos leyes». Los umbrales, las excepciones y las sanciones graduadas añaden texto. Muchas normas protegen a quien no tiene poder. El objetivo es reducir la carga y el residuo, no el número de normas.

«Tus remedios agravan tu problema.» Es la objeción interna más seria. Pedir revisión real y recurso sencillo sube el coste por caso y puede saturar el sistema. Por eso la propuesta no puede ser más garantías para todo. Tiene que ser que las garantías dependan de lo que está en juego, y que la mayor parte de los casos no lleguen a ser una sanción.

12. Síntesis: conservar la severidad

Las ocho hipótesis apuntan a una misma regla, con tres partes:

  1. La consecuencia por defecto debe bajar cuando sube la detección. Si la detección se multiplica por cien, la severidad esperada no debería hacerlo sin un voto explícito.
  2. El proceso debe crecer con la consecuencia. En Mathews v. Eldridge, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que las garantías dependen del interés afectado, del riesgo de error y del coste (Mathews v. Eldridge, 1976). Una notificación automática no necesita un juicio. Una condena sí.
  3. Lo que se ve y no se usa debe olvidarse. La prescripción debería aplicarse también a los datos: lo detectado sin actuación en un plazo breve se borra.

Esto también rompe el trilema, porque cambia una palabra. Toda infracción detectada no necesita una sanción: basta con una respuesta. Ian Ayres y John Braithwaite propusieron una pirámide de cumplimiento: empezar por medidas suaves y escalar solo si es necesario, con una amenaza creíble en la cima (Ayres y Braithwaite, 1992). Bardach y Kagan llegaron a una conclusión afín desde el estudio de la regulación rígida (Bardach y Kagan, 1982).

Figura 12 · Síntesis

Respuesta total, sanción excepcional

Cada infracción detectada recibe una respuesta, y solo una fracción llega a sanción. Pulsa un nivel para ver sus garantías. Tasas de escalada ilustrativas.

La pirámide también tiene un coste: alguien decide quién escala, así que la discreción reaparece. Es inevitable, y esta tesis lo acepta. Ninguna regla elimina el juicio. Lo que se puede hacer es estrecharlo, registrarlo y someterlo a control, que es lo que pedía Davis.

13. El test de la aplicación perfecta

La versión anterior decía que una ley solo es defendible si aceptaríamos el resultado de aplicarla siempre. La fórmula tenía tres defectos: no decía quién acepta ni con qué criterio, una mala ley contra una minoría la superaba, y buenas leyes la suspendían por un solo caso trágico. La reformulo así:

Un sistema normativo está listo para un régimen de alta detección solo si, medido en su equilibrio tras la adaptación de la conducta, supera seis criterios.

Tres precisiones. El test evalúa el sistema, es decir, la norma con su sanción, su procedimiento y su capacidad, no la norma aislada. Se mide en equilibrio y en el caso más leve, no en el peor ni en el promedio. Y debe aplicarlo un órgano público que motive su respuesta, no la intuición de cada cual.

Figura 13 · El test

Seis preguntas antes de decir «que se aplique y punto»

Elige un caso y cambia las respuestas. Las valoraciones de partida son mías y discutibles: el test obliga a razonarlas, no las zanja.

Los criterios responden a cada hipótesis. Evitabilidad (H1 y H4): el residuo debe ser pequeño para quien actúa con diligencia. Determinación (H2): dos aplicadores honestos deben coincidir. Proporción (H3): la sanción debe ser aceptable con la detección real y en el caso más leve. Contestabilidad (H5): debe poder discutirse a un coste acorde con lo que está en juego. Incidencia (H6): debe alcanzar igual al visible y al oculto. Reversibilidad (H8): debe sobrevivir la posibilidad de corregir la ley.

Hay que decir qué no hace este test.

No mide la justicia. Es una condición necesaria para subir la detección, no una prueba de que la ley sea buena. Una ley injusta bien redactada podría superar varios criterios. La reversibilidad y la incidencia dificultan ese caso, pero no lo excluyen. Lon Fuller distinguía entre la moralidad interna del derecho y su contenido (Fuller, 1964), y este test pertenece al primer grupo: entre sus exigencias estaban que las normas fueran practicables y que la actuación oficial fuera congruente con la regla declarada.

Suspenderlo no deslegitima la ley. La violencia doméstica o el hurto juvenil pueden suspender porque la respuesta automática dañaría a las personas a las que se quiere proteger. El veredicto no es que esas leyes sobren, sino que deben seguir en manos de personas con criterio.

No elimina la discreción. Solo la estrecha.

Tampoco los casos fáciles son tan fáciles. Yo mismo escribí antes que conducir ebrio «supera estas preguntas sin problema». Es casi cierto, pero quien conduce a la mañana siguiente sin saber que aún supera la tasa pone a prueba la evitabilidad. La fórmula correcta es que supera el test con mucha mejor nota que casi cualquier otra norma, no que esté fuera de discusión.

14. Qué habría que cambiar

Por qué esto no ocurre solo es conocido. William Stuntz describió en el derecho penal una lógica que empuja a acumular normas (Stuntz, 2001), y la asimetría es general: aprobar una norma es visible y derogarla casi invisible. En España, el número de normas publicadas al año se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia, y entre 1979 y 2021 las administraciones aprobaron 411.804 (Banco de España). En 2024 los boletines oficiales publicaron 1.298.086 páginas (CEOE). No todo son deberes de conducta, porque incluyen anuncios y nombramientos, y parte de la cifra refleja un Estado descentralizado. Pero el Código Civil sigue diciendo que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento» (Código Civil, art. 6.1), y esa regla presupone que las leyes pueden conocerse.

Los instrumentos ya existen a medias. La Ley 39/2015 pide a las administraciones que revisen periódicamente su normativa (Ley 39/2015, art. 130), aunque la STC 55/2018 limitó su alcance (BOE). La Ley 40/2015 exige fijar quién responde de un sistema automatizado (Ley 40/2015, art. 41). Las obligaciones de alto riesgo de la ley europea de IA, incluida la supervisión humana, se aplazaron a diciembre de 2027 (Comisión Europea). Falta conectarlos en una regla:

  • Declaración de impacto de detección. Antes de multiplicar la detección de una infracción, el regulador debe publicar su residuo estimado, su sanción esperada antes y después, y la capacidad de revisión.
  • Recalibración automática. Si la detección sube, la sanción por defecto baja o pasa a ser un aviso, salvo voto expreso.
  • Sanciones proporcionales a la renta en cualquier sistema de alta detección.
  • Pirámide obligatoria. Primera respuesta correctiva para las infracciones sin dolo ni riesgo grave.
  • Criterios de selección públicos y auditables, con muestreo aleatorio para medir el residuo y el sesgo de legibilidad.
  • Prescripción de los datos. Lo detectado y no actuado se borra en un plazo breve.
  • Simetría. No se sube la detección en un grupo sin un plan para los menos visibles.
  • Revisión periódica y evaluación independiente, también de manuales y condiciones de uso cuando actúen como ley privada.

La misma inteligencia artificial que acerca la aplicación total puede leer millones de páginas, señalar contradicciones y ayudar a estimar qué normas tienen más residuo, siempre con juristas que verifiquen el resultado.

15. Cómo se podría refutar esta tesis

Una tesis debe poder estar equivocada. Esta lo estaría si se observara lo siguiente:

  1. Residuo despreciable. Si los ensayos muestran que casi toda infracción desaparece con detección alta en normas complejas, H4 pierde fuerza y el defensor de la aplicación estricta gana.
  2. Sin aumento de severidad percibida. Si subir la detección sin tocar sanciones no aumenta la carga real, sobre todo en rentas bajas, H3 es irrelevante.
  3. Precisión estable. Si la proporción de acusaciones falsas no sube al caer la infracción, porque los sistemas se adaptan a la tasa base, debilita el argumento de la figura 8.
  4. Sin sesgo de legibilidad. Si auditorías con muestreo aleatorio no encuentran sobrerrepresentación de los más visibles, H6 se debilita.
  5. Reforma sin desobediencia. Si en entornos de detección muy alta las leyes injustas se corrigen igual de rápido, H8 es falsa.

Las predicciones son comprobables en materias concretas. La variable clave, el tamaño del residuo por materia, se puede estimar con muestreo aleatorio, y es sorprendente que casi nadie la mida.

16. Conclusión

Si crees que la ley debe aplicarse siempre, esta tesis no te pide que dejes de creerlo. Te pide que aceptes lo que implica.

Tienes razón en que la impunidad corroe, en que la certeza disuade y en que muchas leyes deberían aplicarse más, sobre todo a quien hoy no se ve. Pero la ley que tienes en mente no es solo su texto. Incluye la culpa, la equidad, la proporción, el recurso y la prescripción. Si quitas todo eso, no aplicas mejor la ley: la sustituyes por otra más dura que nadie ha votado.

La aplicación perfecta tampoco llegará de golpe, ni a todos a la vez. Llegará materia a materia y sobre los más visibles. El riesgo no es un día de caos, sino acostumbrarnos a un sistema fluido que acierta casi siempre, se equivoca en silencio y conserva un expediente de cada persona.

La escasez nos protegía sin que nadie lo hubiera decidido. Ahora hay que decidirlo. Si de verdad quieres que toda ley se aplique siempre, tienes que exigir que todas puedan soportarlo.

Referencias

Economía de la aplicación. Becker (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach. Stigler (1970), The Optimum Enforcement of Laws. Polinsky y Shavell (2000), The Economic Theory of Public Enforcement of Law. Calfee y Craswell (1985), Incentives to Comply with Uncertain Legal Standards. Kaplow (1992), Rules Versus Standards. Traxler, Westermaier y Wohlschlegel (2018), Bunching on the Autobahn?.

Teoría del derecho y política. Hart (1961; artículo de 1958), The Concept of Law, comentado por Schauer. Fuller (1964), The Morality of Law. Schauer (1991), Playing by the Rules. Dan-Cohen (1984), Decision Rules and Conduct Rules. Davis (1969), Discretionary Justice. Goldstein (1960), Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process. Lipsky (1980), Street-Level Bureaucracy. Stuntz (2001), The Pathological Politics of Criminal Law. Pettit (1997), Republicanism. Scott (1998), Seeing Like a State. Granovetter (1978), Threshold Models of Collective Behavior.

Automatización. Shay, Hartzog, Nelson y Conti (2016), Do Robots Dream of Electric Laws?. Hartzog, Conti, Nelson y Shay (2015), Inefficiently Automated Law Enforcement. Citron (2008), Technological Due Process. Rich (2013), Should We Make Crime Impossible?. Zittrain (2008), Perfect Enforcement on Tomorrow's Internet. Eubanks (2018), Automating Inequality. Herd y Moynihan (2018), Administrative Burden.

Conducta y evidencia. Wilson et al. (2010), Speed cameras. National Institute of Justice, Five Things About Deterrence. Hawken y Kleiman (2009), HOPE. Lattimore et al. (2016), HOPE Demonstration Field Experiment. Sherman (1993), Defiance, Deterrence, and Irrelevance. Sherman et al. (1992), Milwaukee. Tyler (1990), Why People Obey the Law. Paternoster et al. (1997), Do Fair Procedures Matter?. Penney (2016), Chilling Effects. Ayres y Braithwaite (1992), Responsive Regulation. Bardach y Kagan (1982), Going by the Book. IRS, Tax Gap Projections.

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